Radiografía del perdón

 

Bajo el gobierno del PP, en diciembre de 2013 se aprobaba en el Congreso la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que, como su propio nombre indica, establece una serie de principios éticos generales y también obligaciones concretas para todos los representantes públicos, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.

A principios de 2014 los medios de comunicación se hacían eco de que el partido del gobierno, el Partido Popular, había desarrollado una contabilidad “B” y que pagar sobresueldos de forma fraudulenta a sus dirigentes fue una practica irregular pero habitual durante años. El famoso “caso Bárcenas”.

Mariano Rajoy aseguró en aquel momento que el caso Bárcenas fue un "error", pero rechazó pedir perdón por este asunto alegando que los dirigentes del PP se ocupaban de "los temas de la política" y no de "otras cosas".

Éste verano, en Catalunya, el que fue President de la Generalitat durante más de veintitrés años, Jordi Pujol, confesaba que contaba con una fortuna en el extranjero sin regularizar. El propio Pujol explicó en un comunicado que exponía estos hechos “con mucho dolor” y pedía perdón a tanta “gente de buena voluntad que puede sentirse defraudada en su confianza”.

El pasado mes de octubre saltaba a la luz otro escándalo de corrupción, en éste caso en Caja Madrid, una entidad financiera privada rescatada con dinero público. Sus directivos gastaron cantidades importantes de dinero en artículos (no) de primera necesidad a través de las llamadas “tarjetas black” en un período de casi diez años, incluyendo los años más duros de la crisis.

El enésimo caso de corrupción a gran escala en España ha sido la “operación Púnica” que hace pocas semanas salpicaba a importantes dirigentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y varios alcaldes de la misma formación.

La corrupción figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según las encuestas de opinión, tanto es así que el mismo Mariano Rajoy, al reconocer ya la corrupción como problema público, recientemente ha pedido disculpas a los ciudadanos por “haber puesto al frente a personas en puestos para los que no eran dignas".

Unos días después de éste “perdón” uno de los alcaldes imputados por éste caso, el de Collado Villalba, dimitía alegando “falta de ilusión, falta de ganas y dedicación”.

Los mismos argumentos que utilizaba para renunciar a su cargo pocos días antes un concejal de mi pueblo, Viladecavalls, igualmente imputado. Concejal que, dicho sea de paso, se marchó con el agradecimiento de la mayoría de sus colegas por los servicios y tiempo prestados.

Aún recuerdo como durante 10 años de mi infancia y adolescencia en el colegio de los salesianos dónde estudiaba, una vez a la semana después de misa, el profesor nos decía: “ahora podéis ir a confesaros”. Yo nunca fui. No entendía nada ¿porqué hacerlo? ¿cómo hacerlo? Al mismo tiempo también dudaba de si tenía algo que confesar a una persona que ni conocía. Nunca nadie resolvió mis dudas.

El mismo desconcierto deben de sentir los ciudadanos al escuchar a nuestros representantes pedir perdón tras ser “pillados” por haber cometido un “presunto” delito.

Un sistema democrático se rige por las leyes, los derechos y deberes de los ciudadanos y sus representantes y en ningún caso se trata de una eucaristía. El perdón en política no existe. Existen la dimisión, la justicia y la rendición de cuentas.

Y las políticas públicas (en éste caso la citada Ley de transparencia) que no distinguen ni entienden de confesiones ni perdón debieran trascender la simple literatura impresa negro sobre blanco para así resolver un  problema público como lo es la corrupción en España.